València, 20 dic (EFE).- La declaración de inconstitucionalidad del decreto valenciano que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular y colectivos de personas de nacionalidad española genera «malestar e indignación» entre los profesionales de Trabajo Social de la Comunitat.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, junto con la delegación valenciana de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, ha mostrado en un comunicado su desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat y considera que la asistencia sanitaria universal debe estar garantizada.
Estas entidades afirman que se postulan «en defensa de la dignidad de las personas» y considera que la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en la Comunitat «tiene que estar garantizada, con independencia del origen y la situación de residencia de las personas».
El texto asegura que el conflicto entre las competencias estatales y autonómicas es el causante de la retirada de la atención sanitaria a persones en situación de vulnerabilidad y «agrava las dificultades que viven persones procedentes de otros países».
Defiende el acceso a la sanidad como un derecho fundamental y alerta de que la decisión tomada por el Constitucional no supondrá «ningún ahorro, más bien al contrario», pues esta situación puede originar «graves problemas de salud pública al dejarse de atender infecciones y otras enfermedades que se pueden resolver con los primeros síntomas».
El Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana ha recibido desde la entrada en vigor del decreto que ahora se ha anulado un total de 1.338 notificaciones de personas extranjeras y españolas, entre los que se encuentran 144 menores, que no pudieron acceder al Sistema Sanitario. EFE
